Montcada: Más de A. Jiménez en la prensa.

Santa Coloma adjudicó la misma obra a dos empresas de la trama corrupta Garzón reclama otro convenio de Luigi al Ayuntamiento de Arenys de Mar

La investigación del caso Pretoria sigue extendiéndose a otras localidades y llega ya en Arenys de Mar (Maresme), aunque sigue sin abandonar su epicentro. Dos empresas relacionadas cono la trama corrupta han sido las adjudicatarias de una misma obra en Santa Coloma de Gramenet. Se trata del mercado de Fondo, uno de los mayores equipamientos de la ciudad, que se licitó en 2007 por más de 20 millones de euros.
La adjudicación, que está siendo investigado por el juez Baltasar Garzón, recayó en la constructora Edisan, vinculada al presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.
La constructora presentó lo concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado mes de enero, por lo que el Ayuntamiento tuvo que pujar otra vez la obra. Esta vez, el precio de salida eran 11,9 millones porque Edisan había realizado ya algunos trabajos, como la demolición del antiguo mercado.
El pleno del Consistorio adjudicó el contrato el pasado 26 de octubre un día antes de la intervención policial, por 9,8 millones de euros a Grupo Ánfora, en cuyo consejo de administración está Antonio Jiménez Gómez, el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) que Garzón investiga por considerarlo uno de los contactos del presunto cerebro de la trama, Luigi.
Fuentes del Ayuntamiento admitieron que la obra se adjudicó dos veces seguidas a dos empresas de la trama, pero aseguraron que todos los contratos de Gramepark y los que aparecen en el auto de Garzón están siendo revisados. Ánfora es un grupo de Mataró que ahora está promoviendo viviendas en Montcada i Reixac y Sant Andreu de Llavaneres.
Jiménez Gómez tuvo responsabilidades urbanísticas en ambas localidades, y empezó en la inmobiliaria justo después de dejar su cargo en Montcada.
Ros y Jiménez, imputados
Tanto Víctor Ros (PP), también exdiputado al Parlamento de Catalunya y expresidente del PP del Maresme, como el exregidor de Urbanismo de Llavaneres Antoni Jiménez (PSC) continúan imputados al Juzgado número 2 de Mataró por un presunto delito de prevaricación por dos convenios urbanísticos más firmados con la promotora Proinosa, propiedad de uno de los encarcelados por el caso Pretoria, y con la empresa Topopapel, que gestionaba una guardería privada. La fiscalía por delitos urbanísticos de Barcelona investiga estos dos presuntps convenios irregulares desde el 2007 que ahora se han fusionado en una única causa al juzgado. Precisamente de aquí a unos quince días el juzgado ha citado a declarar en calidad de testigo un representante de la promotora Proinosa, de la cual Josep Single, ahora encarcelado, es presidente. Con relación al convenio con Proinosa, firmado el 2006, la fiscalía acusa Ros y Jiménez de haber vendido suelo público muy por debajo del precio de mercado y de haber concedido la gestión de una nueva zona deportiva a la misma promotora sin recibir ninguna compensación económica. Según el convenio, Llavaneres ganaría un nuevo complejo deportivo con piscinas, campo de fútbol, pabellones y gimnasio a la zona de los Almendros.
Todos estos equipamientos se debían financiar con la venta del antiguo pabellón, el campo de fútbol, la piscina municipal y el antiguo instituto de secundaria. En total el Ayuntamiento se vendió más de 16.000 metros cuadrados a Proinosa por hacer viviendas. Proinosa debía construir el nuevo complejo deportivo y tiene los derechos de gestión. Pero hasta ahora sólo ha hecho el campo de fútbol, todo el resto está pendiente y las obras paradas.
El caso del hogar de niños
El segundo convenio que investiga el juzgado de Mataró se firmó también el 2006 entre el Ayuntamiento de Llavaneres y la empresa Topopapel, una sociedad propietaria del hogar de niños Sant Nicolau, entonces de titularidad privada. El convenio contemplaba la conversión de la guardería en pública y a cambio se ofrecía a la empresa cuatro parcelas municipales para que pudiera construir viviendas unifamiliares. La plataforma ciudadana SOS Llavaneres, ahora convertida en partido político con representación municipales, fue quien denunció las presuntas irregularidades a la fiscalía e incluso aportó documentos que demostrarían que el entonces regidor de Urbanismo, Antoni Jiménez (PSC), pactó con Topopapel la adquisición de parte de un de estas viviendas que se debía construir en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento.
Mientras que Jiménez no se ha pronunciado nunca públicamente respeto a la denuncia interpuesta contra él, Víctor Ros siempre ha defendido que los convenios fueron absolutamente legales y que buscaban el beneficio del pueblo. «Siempre he actuado con absoluta transparencia», afirmaba el exalcalde del PP el mes de marzo del año pasado, y añadía que los acuerdos urbanísticos siempre se hicieron siguiendo las indicaciones de los servicios técnicos municipales. Aparte de él y Antoni Jiménez, también están imputados el exsecretario municipal, Josep Lluís Valentín, y el técnico municipal Hugo Roldán.
Jiménez, una pieza clave
Antoni Jiménez Gómez acontece una pieza clave en las operaciones urbanísticas presuntamente fraudulentas de Llavaneres y es uno de los vínculos con la operación Pretoria de corrupción urbanística supuestamente dirigida por el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), y el exdiputado socialista Lluís García Sáez.
Un dato que ahora toma un relieve considerable es el hecho que Antoni Jiménez no es de Llavaneres, sino que empezó su carrera política en Santa Coloma de Gramenet, de dónde fue cabeza de servicio y gerente del Instituto Municipal de Deportes (IME), bajo la presidencia de quien todavía hoy es el regidor de Deportes colomenc, Antonio Carmona López.
Un pie en Montcada
Antoni Jiménez Gómez trabajó también para el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, gobernado por el PSC, y dónde hasta final del 2007 figuraba como director general de la empresa municipal Montcada Optima SL, presidida por el alcalde César Arrizabalaga. Algunas fuentes aseguran que la gestión de Jiménez al frente de esta empresa pública también habría dejado rastro, aun cuando por ahora no se ha hecho pública ninguna irregularidad. La persona que lo sustituyó como cabeza de lista del PSC a Llavaneres el mes de mayo del 2007 fue la responsable de las juventudes socialistas de Llavaneres, Carme Bastida Marco, que actualmente es regidora del consistorio en la oposición y empleada de la delegación del gobierno español en Catalunya, a manos del PSC. Curiosamente Carme Bastida Marco también ocupó el cargo de directora general de la empresa pública Optima Montcada SL entre el mes de noviembre del 2007 y el mes de septiembre del 2008, en sustitución de Antoni Jiménez Gómez, de quien ahora se ha perdido la pista.

LL. PELLICER / A. TRILLAS - Barcelona - 05/11/2009. El Punt.