

Otra medida para dotar de mayor transparencia en la parte urbanística es que se deberán publicitar los convenios urbanísticos y se detallaran las plusvalías económicas que comporten.
El paquete anticorrupción pretende asegurar que las plusvalías obtenidas en las recalificaciones urbanísticas no reviertan únicamente en los adjudicatarios o propietarios de los terrenos, si no también en las arcas públicas.
También se creará un registro público y se podrá disponer de información puntual sobre los cambios de propiedad que han tenido los terrenos afectados por cambios de planteamientos urbanísticos. Con ello se intenta evitar que se oculten intereses privados que pueda haber después de una recalificación.
Los Ayuntamientos de Montcada, Ripollet y La Llagosta al tener menos de 50.000 habitantes no se verá obligado a presentar auditorias, en cambio el de Cerdanyola que supera dicha cifra estará en la obligación de presentarlas.
La cifra de 50.000 habitantes parece excesiva ya que no son tantos los municipios que la superan y la transparencia ha de ser para todos igual. En municipios que no superan esa cantidad de habitantes también se han vivido situaciones que han acabado en manos de la Justicia.
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