La Consejería de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalidad, dirigida por Joan Saura, encargó en 2007 cuatro informes de dos páginas cada uno por un valor total de 8.500 euros. Los cuatro informes estaban realcionados con los derechos humanos.En los cuatro estudios, según ha informado Europa Press, hay algunos párrafos que se repiten, y todos hacen referencia a la Oficina de Promoción por la Paz y los Derechos Humanos.
Uno de ellos fue encargado a David Bondia García, a quien se le pagaron 2.500 euros por página y media de información sobre el ‘Inventario de las competencias de la Generalidad que se verán afectadas por tratados internacionales firmados por España en materia de derechos humanos’.
Lo mismo se invirtió en otro estudio realizado por Xavier Pons Ràfols, también de página y media, sobre la ‘Vinculación con organizaciones y programas internacionales en el ámbito de los derechos humanos en función de las competencias de la Generalidad en materia de relaciones exteriores, al amparo del nuevo Estatuto’.
Algo más largo es un tercero, por el mismo precio, encargado a Montserrat Pi i Llorens, aunque el informe no sobrepasa las dos páginas y se refiere a ‘La vinculación con la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos en función de las competencias de la Generalidad en materia de relaciones exteriores, al amparo del nuevo Estatut’.
El cuarto informe fue realizado por Argelia Queralt i Jiménez, y ocupa más o menos el mismo espacio que los anteriores, pero Queralt recibió en cambio 1.000 euros.
El documento habla de ‘Estrategias de respeto y coordinación gubernamental en materia de derechos humanos’.
info: vozbcn
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