Según el tripartito, la Ley busca ‘garantizar la libertad artística y de creación, la diversidad cultural y lingüística y el papel estratégico del cine desde el punto de vista industrial’, así como ‘la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico’.
Con el argumento de garantizar ‘el derecho real a decidir qué obras consumir y en qué lengua’, al menos el 50% de todas las copias -tanto dobladas como subtituladas- deberán ser distribuidas en catalán, excepto aquellas cuya versión original sea en lengua española o aquellas de las que se distribuyan menos de 16 copias.
El Gobierno autonómico ha justificado este régimen -que se implantará progresivamente a lo largo de cuatro años- recordando que solo un 2,7% de las películas que se exhiben en Cataluña se proyectan en versión doblada u original en catalán. También ha señalado que, según una encuesta de la Generalidad -realizada a 5.000 personas-, ‘el 82,4% de los catalanes está de acuerdo o muy de acuerdo en que las películas estén disponibles en las dos lenguas oficiales de Cataluña, mientras que solo el 11,1% está en desacuerdo.
Las multas por no distribuir la mitad de las copias en catalán irán de 5.000 a 1.000 euros por copia, pero variarán en función del rendimiento obtenido y podrán alcanzar los 75.000 euros.
info: vozbcn
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